El 8 de Septiembre de este año, el Presidente Calderón presentó, a través del Secretario de Hacienda, Agustín Cartens, el proyecto de LEY DE INGRESOS y PRESUPUESTO para el 2010.
La sociedad mexicana respondió enseguida: Contra lo que muchos pensaron, no sólo los políticos de oposición y los mexicanos más pobres rechazaron la propuesta. Organismos empresariales también se sumaron.
Por ejemplo: La Coparmex difundió a través de un comunicado de prensa que “…después del análisis realizado concluyeron que la propuesta fiscal va en contra de lo que se hace en estos momentos en casi todo el mundo, que es dotar de liquidez a la economía y estimular el mercado.
Consideraron que no se actúa de manera contundente sobre el problema fundamental del sistema hacendario mexicano, que implicaría aumentar la base de contribuyentes para no recaer en el reducido grupo de cautivos actual.
Destacaron también que esta medida afecta a la inversión y el ahorro, lo que finalmente perjudica en la generación de empleos y advirtieron que subir impuestos y la extracción de liquidez a la economía combinada con los recortes puede tener un efecto recesivo importante para el país.
Además, cuestionaron que no se toca “el complicado y gravoso” sistema de doble tributación actual que se hace con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU).
“Los problemas de fondo nuevamente se posponen, se requiere urgentemente un esquema tributario sencillo de cumplir y no uno como el actual, con dos regímenes”.
La Coparmex señaló que la Federación no actúa sobre los muchos regímenes especiales que existen, ni se presentan compromisos de gravar a la economía informal con medidas eficaces y posibles de medir.
Por su parte, el periódico El Universal del Lunes pasado, encabeza con: “ LA IP AMAGA CON RETIRAR LA INVERSIÓN”, indicando que “…La industria cervecera nacional rechazó el plan fiscal propuesto por el gobierno federal para 2010, por “regresivo, inflacionario e inequitativo”; además, las modificaciones “impactan negativamente la certidumbre jurídica”, base de las inversiones y la competitividad.”
La conclusión es que este presupuesto no podría ser discutido y debatido como en periodos anteriores, no sólo por la situación crítica en la que debate la nación sino también por que implica una sería y contraproducente reforma fiscal que conlleva a una política pro-cíclica que habrá de profundizar las condiciones estructurales adversas en las que se inscribe la economía nacional desde hace ya más de cinco lustros.
En una suerte de círculo vicioso, se busca contraer la demanda efectiva agregada que habrá de llevarnos a un estancamiento económico en la producción y el empleo, en aras de unas supuestas finanzas públicas sanas, presumidas estridentemente desde 2000.
Esta es la realidad, que va más allá de los posibles acuerdos políticos, del afán de ser políticamente correctos y de pensar que la coyuntura, es eso, simplemente coyuntura que nos lleva a obviar la estructura real del país, de las finanzas públicas y la pobreza secular de la economía.
2010 plantea el reto a la nación de encarar la sanidad económica no solo para los sectores productivos sino, también de una vez por todas, para el conjunto de la sociedad y del país.
Sin embargo, el gobierno federal insiste y basa sus propuestas de gasto e ingresos en las proyecciones sobre el cierre de 2009 que indican que las finanzas públicas tendrán un déficit en el Balance Económico del orden de los 263 mil 307.9 millones de pesos.
La estrategia para 2010 de finanzas públicas que plantea el ejecutivo para enfrentar la caída de los ingresos fiscales, se aborda desde tres ejes:
* Recurrir a un déficit fiscal temporal y moderado vinculado al ciclo de la economía.
* Aumentar la recaudación permanente de ingresos no petroleros a través de modificaciones al marco normativo fiscal.
* Contener el gasto público mediante la generación de ahorros y ajustes estructurales en la Administración Pública.
En este contexto la visión y las medidas propuestas constituyen un paquete orientado a una búsqueda malentendida hacia el equilibrio financiero de corto plazo, que no se enfoca a atender a la problemática estructural y social que se agudizado con el desempleo, la carestía de la canasta básica y el aumento en 10 millones de número de mexicanos que han pasado a engrosar, de 2006 a la fecha, las filas de la población abajo de la línea de la pobreza, de los cuáles 4 millones más de conciudadanos se encuentran en miseria extrema.
Frente a esa realidad, el ejecutivo pretende:
• Un nuevo impuesto general a las ventas de 2%, que incluye a los alimentos y medicinas. Este nuevo impuesto, supuestamente contra la pobreza, es, por su misma naturaleza de gravamen al consumo, un IVA disfrazado; impuesto considerado técnicamente regresivo, al afectar a la población de más bajos ingresos, que son más de 50 millones abajo de los estándares de la línea de la pobreza.
• Se prepone un nuevo impuesto de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación, como son telefonía celular, teléfono fijo, televisión restringida e Internet (exentando telefonía pública y rural y el servicio de interconexión). Servicios que se mantienen oligopolizados, a pesar de su importancia estratégica y cuyo aumento de precios los asumiría finalmente el consumidor y el sector productivo.
• Adicionalmente, en el caso del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) se pretende subir la tasa de 2 a 3% y empezar a aplicarlo en depósitos de 15 mil pesos o más y no de 25 mil en adelante, como sucede actualmente. Impuesto que en su momento catalogamos como impuesto a la circulación de la moneda, como sucedía durante la edad media.
• Agregadamente, se solicita aumentar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a cervezas de 25% a 28% de 2010-2012; cigarros de 80 centavos por cajetilla a partir de 2010, hasta llegar a $2 en 2013 y, a bebidas alcohólicas $3 pesos por litro de más de 20° GL y, para juegos y sorteos, se incrementa la tasa impositiva de 20% a 30%. Propuestas que socialmente pueden ser aceptables, en el contexto de una sociedad casi catalogada como violenta y sumida en un proceso de inseguridad, pero sobre las que aún hay margen de mayor gravamen.
• Para los precios de bienes y servicios públicos, como los de las gasolinas se plantea reiniciar su desliz nuevamente a partir de enero. En cuanto al gas, habría un ajuste gradual sin mencionarse su porcentaje, igual que en el caso de la energía eléctrica. Propuesta totalmente inflacionaria, que afectaría la competitividad del país y la economía de las clases de medios y bajos ingresos.
• Por lo que hace al Impuesto sobre la Renta (ISR) se plantea un aumento temporal para las empresas, que pasaría de 28 a 30 por ciento para el periodo 2010-2012 y disminuiría a 29% en 2013 y retornaría al 28% en el año 2014. Impuesto que hubo disminuido desde el paquete de 2007 y que implicaría un incremento igual para las tasas máximas que pagan las personas físicas. De igual forma, se incrementaría la tasa del sector primario a 21%, afectándolo drásticamente, después de que durante años tuvo un tratamiento de privilegio para las grandes agroindustrias.
En la próxima oportunidad analizaremos los impactos y, por supuesto, las propuestas.
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