Está a punto de iniciar el Debate. Lo que los mexicanos hemos pedido toda la vida: Que nos tomen en cuenta en las grandes decisiones del país, como lo indica la Constitución al establecer la CONSULTA PÚBLICA.
Según una encuesta de Consulta Mitofsky, los mexicanos NO QUEREMOS QUE SE PRIVATICE LA INDUSTRIA PETROLERA; sólo el 13.9% lo aceptarían. Y existen 2 posiciones confrontadas de lo que se denomina “la reforma energética”: la de la privatización y la de la defensa de la Constitución.
Esa es la razón para que el gobierno ponga en sus anuncios, con mayúsculas, que PEMEX no se privatiza, pero ¿Que dicen sus iniciativas?.
En abril, el Presidente Calderón presentó ante el Senado de la Republica, 5 iniciativas relacionadas de modificaciones al marco jurídico del sector petrolero del país, las que pueden clasificarse en 3 rubros:
1. El más importante que tiene que ver con la definición legal, no constitucional, de las diferentes actividades industriales del petróleo y los hidrocarburos y la reorientación en su manejo exclusivo por el estado (ley reglamentaria del articulo 27 constitucional en el Ramo del petróleo);
2. 3 iniciativas relativas a los órganos coordinadores, rectores y controladores de la industria ( ley orgánica de la administración publica federal, ley de la comisión reguladora de energía, y ley de la comisión del petróleo); y,
3. iniciativa que regula el funcionamiento y operación de Petróleos Mexicanos (ley orgánica de petróleos mexicanos).
El CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS (CEDIP) de la Cámara de Diputados dice que “… con la presentación de las iniciativas del gobierno, todo queda claro, ya no hay ninguna duda de sus intenciones privatizadoras, y no de PEMEX, sino de la industria del petróleo y los hidrocarburos”.
El CEDIP dice “que en las 5 iniciativas se percibe un CLARA TENDENCIA A PERMITIR la participación del capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera mexicana, vía la celebración de contratos entre PEMEX y empresas privadas pero es, en la primeramente mencionada, en la que queda asentada con mayor claridad esa propuesta, en franca transgresión al mandato de la constitución política de México”.
¿Es eso malo? Depende de que posición tenga el amable lector, si el Petróleo debe privatizarse y, si está bien que el gobierno diga una cosa y proponga otra.
Es que, si es tan buen negocio, ¿porque lo estamos haciendo malo? Y, si es tan mal negocio, ¿Por qué hay tantos interesados en administrarlo?
El reconocido Constitucionalista Lic. Raúl Carrancá dice: “El Presidente ha sostenido de manera contraria a la verdad que sus iniciativas no tocan el artículo 27: Miente al proponer un artículo sexto que permite que PEMEX celebre contratos de servicios…”
El CEDIP dice, en la primera iniciativa “en términos de la constitución, tratándose de hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, siendo la nación la que llevará a cabo la explotación de los mismos, considerada un área estratégica a cargo del sector público. El estado contará con organismos y empresas que requiera para el manejo de las áreas estratégicas, y mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los mismos sin que constituya monopolio las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en esas áreas ( articulo 25, 27 y 28)”.
En la iniciativa gubernamental
a) Se plantea transformar casi todos los artículos de dicha ley, de donde resulta que mas que una reforma es una nueva ley.
b) Propone que: Se permita a PEMEX y A SUS ORGANISMOS nuevas fórmulas de contratación y reconoce que esas contrataciones generan cuestionamientos sobre su legalidad. Además diseña que, en las actividades de transporte almacenamiento y distribución de los productos derivados de refinación, gas y petroquímica básica, puedan participar los sectores social y privado, mediante un régimen de permisos administrativos.
Es de comentar- dice el CEDIP- que desde la segunda mitad de los 90s se ha cuestionado la constitucionalidad y legalidad del otorgamiento de contratos en materia petrolera y se ha dicho que han generado un daño patrimonial a PEMEX. También se ha afirmado que se ha extranjerizado la actividad petrolera mediante un sistema de contratos de servicio múltiples que permiten a los extranjeros explorar, extraer, procesar y elaborar gas y otros petroquímicos básicos al ritmo que el contratista decida, así como dónde, cómo y cuando perforar, producir y abandonar los yacimientos. Todo esto contraviene el artículo sexto de la ley reglamentaria del artículo 27 de la constitución.
Hay que considerar las modificaciones propuestas a los artículos:
Artículo 18.- PEMEX no se sujeta a la ley federales de entidades paraestatales y su reglamento;
Articulo 29.- La secretaría de la función pública solo verificará el cumplimiento de la norma aplicable pero no podrá revisar el desempeño del organismo, ni las metas, objetivos programas y controles de sus unidades, pudiendo contratar financiamiento externos, y adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la secretaria de hacienda y crédito publico;
En materia de adquisiciones y contrataciones no requerirá de licitación pública y en el articulo 46 de la ley orgánica de petróleos mexicanos propone que” petróleos mexicanos podrá celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación…con lo que verdaderamente crean un régimen de excepción en PEMEX en aras de una supuesta autonomía de gestión, desvirtuando la naturaleza jurídica de este organismo, manejado como una empresa privada con una gran discrecionalidad por parte de ejecutivo, la secretaria de energía y dirección general de PEMEX.
El CEDIP sugiere que “La propuesta de emisión de bonos ciudadanos por parte de PEMEX, para allegarse recursos frescos que permitan sanear sus finanzas y apoyar sus proyectos productivos, debe ser analizada con profundidad y seriedad, pues puede ser útil independientemente que se apruebe la iniciativa, pudiendo incorporarse a la vigente ley orgánica de PEMEX o expedirse un decreto para emisión de dichos bonos, depurándola y quitando cualquier intento de bursatilización de PEMEX, así como una visión excluyente y clasista que beneficie solamente a los que tienen dinero para comprar esos títulos.
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Finalmente, el artículo 49 permite que, en aquellos actos jurídicos de carácter internacional que celebre PEMEX, este pueda convenir la aplicación de derechos de otros países y someterse a tribunales extranjeros. Lo adecuado seria establecer que en estos juicios internacionales se aplique el orden normativo mexicano.
La moneda ya está en el aire y, como dice Lorenzo Meyer, somos los mexicanos los que debemos decidir el tipo de desarrollo petrolero y energético que más conviene a México. Sin olvidar que vivimos los más altos precios de la mezcla mexicana del petróleo, hasta más de 100 dólares-barril.
Pero, con un PRI dividido - aunque no lo parezca- con algunos miembros abiertos a negociar a cambio de muchos beneficios; con un PRD dividido, con una fracción acordando con el gobierno; con los partidos emergentes con el reto de ser escuchados y una “Reforma Energética” que dista mucho de ser un cambio estructural que corre el riesgo de ser “parchado”, dejando de tener un sentido positivo, como ya pasó con otras “Reformas”, lo que preveo es que cada partido presente su iniciativa, con resultados de pronóstico reservado.
No echemos a perder esta oportunidad de DEBATE NACIONAL con paradigmas absurdos, posiciones inamovibles antes las buenas propuestas, o copia de modelos que no aplican.
Ejerce tu VICEP (Vota, Infórmate, Critica, Exige y Participa).
