SEGURIDAD Y JUSTICIA EN MÉXICO

La situación profesional y compromiso personal del Dr. Alejandro Gertz Manero, es positivamente atípica y de excepción.

Muchos ciudadanos creemos que sólo se puede transitar en el compromiso social de dos maneras:
a) Haciendo política social como directivo de una asociación civil, no lucrativa, con labor en nuestra región; o, cuando hay condiciones,
b) Participando en la vida pública político-partidista.

Y menciono a detalle esta expresión porque siempre me encuentro alguien que me dice que está activo en alguna organización apolítica.
¿Perdón? ¿Participas en tu sociedad y no haces política?

Decían los griegos que sólo los idiotas no hacen política; es decir, los ensimismados, los egoístas, los que no les importa lo que está pasando, ni se preocupan por la calidad de vida de su familia, del buen desarrollo de su empresa o donde trabajan y de la economía de la región en donde viven.

Pues regresando al Dr. Gertz Manero, el combina su vida como Académico, como funcionario público y como Político. Complejo ¿No?

El jueves 7 de Mayo estuvo en Veracruz, con el Senador Dante Delgado, el ex secretario de Seguridad pública de México a principios de esta década, Gertz Manero, quien manifestó que:

1. La inseguridad en México ha crecido desmesuradamente los últimos 4 años;
2. Las crisis de seguridad van en relación directamente proporcional al desarrollo económico de un país. O sea, a las crisis económicas:
3. El mal reparto de oportunidades económicas y riqueza, agudiza el problema:
4. Somos un país que pasó de ser tránsito de drogas a alto consumidor de las mismas -los delitos por narcotráfico se han incrementado en un 700% - lo que genera la lucha de los traficantes por calles, escuelas y hasta ciudades o regiones, creando mayor delincuencia;
5. No sólo es un problema entre adictos y narcotraficantes, pues el que consume drogas y no tiene con que pagarlas, siendo adicto multiplica los delitos y la delincuencia al buscar dinero para su adicción;
6. El fenómeno social, económico y del sistema de justicia no funcionan, a pesar de que, desde la época de Zedillo se han asignado más de 200 mil millones de pesos a los cuerpos policíacos (una cifra sin paralelo en la historia de México) y, parece, que entre más dinero, más mal nos va;
7. México tiene más de 500,000 policías, lo que representa la mayor cifra per cápita, pero con la menor eficiencia;
8. En general, no es problema de salarios, sino de estructura. Los sueldos de los directivos y la mayoría de los cuerpos policíacos están en los mismos niveles de otros países en donde si hay seguridad. (Los Carabineros de Chile son la institución más querida de su país y ganan lo que nuestros policías);
9. En Singapur el índice de seguridad es de los más altos, pero los policías se reúnen DIARIAMENTE con los ciudadanos a quienes sirven- a quienes cuidan- para darles cuentas de sus asuntos: “Cuando la autoridad y la ciudadanía se unen, no cabe ni un delito en medio”, dice Gertz. Esto no ocurre en México ya que, generalmente, no conocemos al policía de nuestra zona;
10. Los ciudadanos si rendimos cuentas a nuestras autoridades de manera regular, al pagar impuestos, derechos, cuotas,…

Y así, el también rector de la Universidad de las Américas en la ciudad de México, y Presidente del CENEVAL, dio cifras:

- En México se cometen alrededor de 12 millones de delitos al año.
- De estos, 8 millones son por robos.
- De los 12 millones, sólo 1.5 se denuncian ante el Ministerio Público (MP).
- De estos, el MP sólo consigna 250 mil (18% del total).
- De ellos sólo obtienen sentencia condenatoria 190 mil.
- De los robos, el 90% son menores de 8 mil pesos. Lo que quiere decir que los afectados, en gran medida, son los más desprotegidos de la sociedad.
- Las ejecuciones en los últimos 3 años, han superado las 5,000 (o sea, un poquito más que la influenza, ¿No?)
- Los costos de inseguridad son 120 mil millones de dólares (15% PIB anual).

Estos datos indican que el 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes convirtiéndonos en uno de los campeones mundiales de impunidad y criminalidad, per cápita; y que los costos de este cáncer, generan enormes pérdidas y reducción en los niveles de calidad de vida de los mexicanos.

El diagnóstico, entonces, tiene que ver con tres “I´s” :
a) Impunidad, ya que sólo se sentencia el 1.5% de los delitos;
b) Ineficiencia del procedimiento administrativo (averiguación previa), y del proceso penal; e
c) Inequidad, no se repara el daño a la víctima.


Todo esto por la estructura torcida, manipulada y compleja de nuestro sistema de Seguridad y de justicia, lo cual podemos leer en su libro “SEGURIDAD Y JUSTICIA. SI SE PUEDE”.

Las propuestas, fáciles de leer y comprender –por el formato del libro y el disco compacto que contiene- ya han sido presentadas por el Lic. Luis Maldonado Venegas en el Congreso, desde 2003 pero, como sucede con las soluciones que no son del interés de los partidos tradicionales, se encuentran en la “congeladora legislativa”; siguen enlatados.

No es, según mi visión, crear nuevas leyes, sino hacer una total reingeniería de las leyes existentes y complementarlas con otras de gran beneficio colectivo.

Al fin de cuentas, según Maslow, la prioridad individual es nuestra seguridad física y la de nuestros seres queridos, y lo menos que podemos esperar de quienes son nuestros empleados tanto en el gobierno federal, estatal, municipal, en los tribunales, los órganos de justicia y el congreso, es que nos den los espacios para que podamos vivir con libertad y tranquilidad.

¿O no es lo mínimo que tú pedirías?

La Reforma integral que proponen, tanto el Senador Luis Maldonado, de Convergencia, como el propio Dr. Gertz, abarca:
• Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• Un Nuevo Código Penal Único;
• Un Nuevo Código Único de Procedimientos Penales;
• Una nueva Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados; y
• Una nueva Ley para el Tratamiento de Menores Infractores.

Ciudadanizar la Justicia, para:
• Eliminar el monopolio de la acción penal, a cargo del Ministerio Público.
• Que la víctima haga valer sus derechos en materia penal ante el Juez.
• Unificar legislaciones locales para que un delito merezca igual sanción.
• Contar con juicios simplificados, transparentes y orales para someter a un proceso de transparencia y rendición de cuentas a las autoridades.
• Restaurar la justicia cívica, conocida como de “barandilla”, para acercar al ciudadano a la justicia.
• La sanción al delincuente sea reparar el daño a la víctima, mediante pago en efectivo o especie y, a la sociedad, con trabajo comunitario.
• Con los fondos provenientes de los decomisos del narcotráfico y el contrabando se resarza el daño a las víctimas en forma subsidiaria.



Algunos puntos destacados de la REFORMA INTEGRAL PENAL son que:
1. Se establece un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos para todo el país, en los que los delitos son del Fuero Común y Federales por excepción, como narcotráfico y lavado de dinero entre otros.
2. A la víctima y al ofendido se les da el carácter de parte activa en el juicio penal, con todos los derechos para anunciar ante el juez, interponer los recursos procedentes y defender sus intereses y causas durante el proceso.
3. Eliminar los impedimentos de carácter procesal, confiriéndole a cualquier ciudadano la facultad para denunciar delitos contra la integridad y el patrimonio de las personas.
4. Las funciones del Ministerio Público quedan sujetas al proceso penal, a la vigilancia procesal del Juez, de la parte ofendida y del presunto responsable, para que su función sea más eficiente y equitativa.
5. Se compacta la averiguación previa y el proceso en un procedimiento, que se desahoga ante el Juez con la participación del Ministerio Público, del ofendido y del presunto responsable con reducción substancial de los tiempos procesales.
6. Con el Ministerio Público, la actividad de los jueces también se sujeta a un mayor control y transparencia para desahogar las diligencias probatorias de la parte ofendida y del presunto responsable.
7. Al promover el Juicio Oral se reducen los tiempos procesales. Tanto el ofendido como el presunto responsable, pueden, así, defender mejor sus derechos.
8. Se sujetan las actividades de la policía judicial al control procesal tanto del Juez como del Ministerio Público, para investigar los hechos que aporten el ofendido y/o el presunto responsable y se logre abatir la corrupción derivada de la falta de controles adecuados.
9. Se dotará a la policía preventiva de facultades legales para investigar y prevenir delitos, participando como parte acusadora en aquellos que conozca y no exista denunciante, permitiendo multiplicar los esfuerzos contra el crimen.
10. Se otorga a la reparación del daño el carácter de bien jurídicamente protegido, cuyo monto se determina al inicio del procedimiento, mediante los tabuladores que la Ley haya incorporado, para lograr el pago inmediato o, en su caso la garantía, que se hará efectiva al determinar el Juez la responsabilidad.
11. La reparación del daño está considerada como el elemento fundamental para obtener el beneficio de la libertad preparatoria, la que se alcanzará con dicho pago, con trabajo a la comunidad, o con pena de prisión reducida.
12. El patrimonio del fideicomiso para la reparación del daño, se integrará con el producto de los decomisos por contrabando y narcotráfico y por las reparaciones que no tengan beneficiario.
13. Se le da protección y defensa al denunciante y a los testigos frente a careos intimatorios, creando el tipo penal de “Intimidación al Denunciante, Testigo, Víctima u Ofendido por un Delito”.
14. Se precisan los mecanismos de protección de los derechos humanos no solo del inculpado, sino también y de modo expreso los de la víctima.
15. Proponen que en delitos contra la nación, el erario público, secuestro, narcotráfico, homicidios con agravantes y crimen organizado, no opere la prescripción.
16. Se homologan al nivel máximo, la penalidad de delitos graves como el secuestro.
17. Con la Reforma Constitucional y la promoción de una Ley tipo de Justicia Cívica se fomenta la justicia inmediata “de barandilla”, para infracciones y delitos menores, vinculando con la sociedad los programas de policía de barrio.
18. Al vincular a al policía de barrio con las tareas de prevención y justicia cívica, se establecen los controles de funcionalidad de la policía preventiva, mediante los sistemas de cuadrantes y zonas de patrullaje.
19. La Ley de Tratamiento para Menores Infractores, para los que tengan entre 14 y 18 años, determinará su responsabilidad en razón de dictámenes periciales sobre su capacidad de comprensión del daño causado, y establecerá sanciones que deben aplicarse a través de un sistema efectivo de reaparición del daño.
20. Se propone una nueva Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados que establece como base fundamental la reparación del daño y trabajo comunitario, mediante:
a. Cárceles abiertas, para los reos de baja peligrosidad.
b. Para los de mediana peligrosidad, cárceles con proyección ocupacional y alternativas de trabajo comunitario para la reparación del daño y rehabilitación.
c. Cárceles de alta seguridad para los reos peligrosos, con posibilidad de readaptación a través de trabajo industrial interno.
21. Este proyecto plantea su autosustentabilidad a través de proyectos de trabajo remunerados para los presos, de los que estos, harán aportaciones para su manutención.

La Reforma Constitucional y la promulgación de las leyes propuestas tienen por objeto crear un sistema de administración justa más estructurado, coordinado y comunicado en el que se simplifica el proceso penal, se propicia y simplifica la atención de los delitos menores y se da un nuevo enfoque a la ejecución de penas.

Todo ello a favor de la sociedad, ya que se garantiza el acceso a la justicia pronta y el resarcimiento del daño causado al ofendido o víctima del delito.

Ahora, sólo falta esperar a que los partidos que presumen de ser vanguardistas, se sumen a esta sentida causa de los mexicanos.